El Supremo rechaza el recurso en el proceso selectivo de la Policía Local

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado el pasado año por el Ayuntamiento de Don Benito sobre irregularidades cometidas en el proceso selectivo de plazas de oficial de Policía Local. Un procedimiento judicial iniciado por hechos que se remontan a 2019 cuando la sección sindical de Comisiones Obreras en el Consistorio dombenitense denunció estas presuntas irregularidades por la repetición de una prueba a uno de los candidatos tras resultar 'no apto'. Una prueba que, según el citado sindicato, no podía repetirse.

Cabe recordar que es el tercer proceso no favorable para el Ayuntamiento tras una primera sentencia dictada por un juzgado de Mérida en febrero de 2021 que mandó retrotraer las actuaciones hasta el momento en el que se repitió esa prueba psicotécnica. Posteriormente, en junio del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó el recurso de apelación confirmando el fallo de la inicial del juzgado emeritense. Se presentó entonces el recurso de casación al Supremo que lo rechazó hace unos días «por carecer el asunto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia».

Aclaraciones

Tras esta decisión, el Ayuntamiento asegura que procederá a ejecutar de manera «inmediata e íntegra» lo dictaminado en la sentencia del TSJEx. Si bien, ha iniciado un último trámite judicial solicitando una aclaración de la sentencia que determine el procedimiento a seguir. Por una parte, inquiere si la plaza asignada al aspirante debe ser adjudicada de forma directa al que obtuvo la siguiente puntuación. «Rogamos se nos indique así por el Juzgado y se procederá a ello inmediatamente», afirman en Junta de Gobierno.

Sin embargo, estiman que en ese caso la persona a la que se repitió la prueba y que finalmente obtuvo la plaza podría alegar indefensión. En ese sentido, pide aclarar si la prueba debería realizarla el mismo psicólogo o si la aspirante debe quedar excluida del procedimiento sin resolver la aclaración solicitada.

Por otra parte, existe una problemática derivada de la jubilación en este tiempo tanto del presidente como del vocal del tribunal calificador que llevó a cabo este proceso selectivo.

El Ayuntamiento se compromete a ejecutar la sentencia una vez que reciba estas aclaraciones, pero desde CCOO manifiestan su repulsa a tal medida «contraria a tres sentencias, al sentido común, intentando defender lo indefendible y poniendo los recursos humanos y económicos del Ayuntamiento a disposición de burdos intereses particulares».