El precedente de Don Benito: cuatro investigados en 2023 por el presunto intento de compraventa de un recién nacido

Los hechos comenzaron durante la madrugada del martes 28 de marzo de 2023, cuando una mujer de 28 años dio a luz a un niño en el citado centro hospitalario. El personal sanitario alertó a la Policía Nacional al sospechar que los datos de filiación facilitados por la parturienta no se correspondían con su aspecto físico ni con la información de su historial clínico.

Uno de los detalles que despertó las sospechas fue que la documentación presentada reflejaba que la mujer había sido intervenida de apendicitis, aunque la madre biológica no tenía la correspondiente cicatriz. Además, durante su ingreso no había aportado documentación original, sino una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de otra persona.

Las primeras investigaciones permitieron determinar que la mujer había ingresado utilizando los datos de la esposa del hombre que supuestamente pretendía inscribir al recién nacido como hijo propio. Tras entrevistarse con él y detectar contradicciones en sus explicaciones, los agentes continuaron con las pesquisas.

Según la información facilitada entonces por fuentes policiales, el hombre reconoció que había acordado con la madre gestante el pago de 2.000 euros en Rumanía a cambio del recién nacido. El supuesto acuerdo se habría cerrado unos tres meses antes del nacimiento.

La Policía Nacional detuvo inicialmente a tres personas: la madre gestante y el matrimonio, formado por un hombre de 42 años y una mujer de 43, que presuntamente pretendía hacerse cargo del bebé. Posteriormente, la investigación llevó también a la detención del hermano del hombre, de 30 años, al que se consideró presunto cooperador.

Los cuatro investigados, todos de nacionalidad rumana, fueron relacionados con posibles delitos de adopción ilegal y falsedad documental. La investigación fue desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Don Benito.

Libertad provisional

El 29 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Don Benito decretó la libertad provisional para el matrimonio y el hermano del hombre. La madre gestante, que había sufrido un desvanecimiento en dependencias policiales y tuvo que regresar al hospital bajo custodia, compareció ante el juez al día siguiente, una vez recibió el alta médica, y también quedó en libertad provisional.

En el caso del matrimonio, el juez acordó la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse al recién nacido a menos de 150 metros. Para el hermano del hombre se decretó libertad provisional sin obligación de comparecencia.

El bebé quedó bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y fue entregado a una familia de acogida.

Durante su declaración judicial, la madre gestante negó los hechos y manifestó su deseo de hacerse cargo del niño. Lo hizo con la asistencia de un intérprete, ya que no hablaba español. Su abogado sostuvo que no había existido ninguna compraventa y defendió que la relación entre los investigados era de amistad.

La defensa también justificó el uso de la tarjeta sanitaria de otra mujer alegando que la madre biológica carecía de asistencia sanitaria y temía no ser atendida en el hospital.

El 3 de abril de 2023,los tres principales investigados —la madre gestante y la pareja que supuestamente pretendía inscribir al niño como hijo propio— acudieron al juzgado de Don Benito para cumplir con la obligación de comparecencia periódica impuesta por el juez.

Su abogado confirmó entonces que tenía previsto presentar un recurso contra el auto judicial y solicitar la custodia del recién nacido para su madre biológica. En aquel momento, el menor continuaba bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

La defensa insistía en la inocencia de sus representados y mantenía que no había existido ningún acuerdo económico para entregar al niño.

El artículo 221 del Código Penal

Los hechos investigados en Don Benito fueron encuadrados en los presuntos delitos de adopción ilegal y falsedad documental.

El artículo 221 del Código Penal castiga a quienes, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción y con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación. La pena prevista es de uno a cinco años de prisión, además de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela o guarda durante un periodo de cuatro a diez años.

La misma pena puede imponerse a quienes reciben al menor y a los intermediarios, incluso cuando la entrega se haya producido en el extranjero. Por su parte, la falsedad documental puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, dependiendo del tipo delictivo aplicable.